LAS REGLAS DEL JUEGO (7ª y 8ª parte)

LAS REGLAS DEL JUEGO (7ª parte)

La Ley del Manual de Guerra del Departamento de Defensa (DOD) representa la expresión ideológica más avanzada de la lucha del imperialismo estadounidense para dominar y controlar todo el mundo por medio de la fuerza militar.

Al autorizar el Pentágono para ocupar e imponer su propia versión de la ‘ley’ en todos los rincones del planeta, el manual simplemente formaliza la agenda hegemónica mundial del imperialismo y los puntos de Estados Unidos a su punto lógico final.

‘El capitalismo de Estados Unidos se enfrenta a los mismos problemas que empujaron a Alemania en 1914 al camino de la guerra. El mundo debe dividirse. Para Alemania se trataba de ‘organizar Europa’. Estados Unidos debe ‘organizar el mundo’.

La historia está enfrentando a la humanidad con la erupción volcánica del imperialismo estadounidense. Desde mediados de la década de 1970 en adelante, la clase dominante se ha involucrado en una militarización incesante encaminada a superar a través de la fuerza armada su declive económico.

En el período de crisis de la hegemonía, Estados Unidos funcionará de forma más completa, abierta y despiadada que en el período de auge. Tratará de superar y salir de sus dificultades principalmente a expensas de Europa, de manera pacífica o por la guerra.

El derecho de este nuevo manual de la guerra del Pentágono, elabora protocolos para las operaciones militares en todos los rincones del globo y sus fuerzas aliadas, y asciende a un manifiesto para este proceso, establecido en jerga jurídica.

Si se permite su ejecución, la humanidad se enfrenta a un futuro dominado por campos de concentración y masacres en una escala sin precedente.

En esencia, el manual representa una declaración completa de la única ‘solución’ posible a la crisis mundial que las camarillas imperialistas en Washington y en Wall Street son capaces de ofrecer, la guerra total.

Secciones posteriores del manual del Departamento de Defensa, cubren prácticas de las operaciones militares que dejan en claro que los métodos de tierra arrasada empleados por los nazis contra la población de Europa, la Unión Soviética y el norte de África son abrazados y defendidos por el alto mando del Pentágono.

El manual vuelca principios centrales del derecho internacional diseñados para imponer restricciones en el uso de la violencia militar, sobre la base de una guerra total que no tiene restricciones en cuanto a las armas utilizadas, el territorio o los combatientes involucrados, los objetivos perseguidos, especialmente uno en el que se tienen en cuenta las leyes de la guerra, que afirmar sin ninguna duda que la guerra total se ha convertido en la política central del Departamento de Defensa.

Toda forma de actividad militar convencionalmente asociada con la guerra total surgió durante el siglo XIX antes de encontrar su expresión consumada en el caos y la destrucción perpetrada tanto por los fascista y los gobiernos imperialistas ‘democráticos’ durante la segunda guerra mundial, es explícita o implícitamente permitida por las directrices del Pentágono.

Cada restricción nominal de los poderes de guerra para decisiones incluidas en el manual se acompaña de advertencias que confieren discrecionalidad prácticamente ilimitada a los comandantes militares para emplear la violencia al servicio de los objetivos estratégicos de Estados Unidos.

El manual evita cuidadosamente cualquier terminología que pueda desalentar a los comandantes en la planificación de las operaciones ofensivas. Hay enormes vacíos en cada sección diseñados para infundir confianza en que no habrá sanción por el uso indiscriminado de la fuerza.

El manual autoriza a los comandantes para participar en el bombardeo estratégico, los ataques a la infraestructura comercial civil, bloqueos y asedios. Se autoriza el establecimiento de detenciones masivas y campos de trabajos forzados.

Por supuesto que a lo largo de su historia el imperialismo estadounidense ha cometido horrendas violaciones de las leyes internacionales en este sentido, mediante castigo colectivo, masacre en masa de poblaciones, y destrucción de las áreas urbanas en Alemania, Japón, Corea, Vietnam, Camboya, y más recientemente en Irak, Libia y Siria.

Sin embargo, antes de la publicación del manual del Departamento de Defensa, el alto mando estadounidense empleó tales métodos en desafío a su propio reglamento, que todavía incluían prohibiciones redactadas de forma clara en contra de la destrucción sin sentido de la infraestructura civil y contra las poblaciones.

El último documento exhaustivo sobre la legislación militar emitida por el Departamento de Defensa de Estados Unidos, el Manual de Campo del Ejército de 1956 sobre la Ley de Guerra Terrestre, todavía mantenía que las operaciones militares no podríann ser lanzadas si se sabía de antemano que iban a causar una gran mortandad entre los civiles, un escrúpulo que obviamente se ha abandonado.

El nuevo manual ofrece vacíos conceptuales basados en nociones de ‘necesidad militar’ o ‘ventaja militar esperada’.

La publicación del manual del Departamento de Defensa, es pues enormemente significativa como una afirmación oficial por parte de la elite gobernante de Estados Unidos de su ‘derecho’ a demoler sociedades y pueblos enteros en la búsqueda de sus objetivos políticos. Sin lugar a dudas, el manual fue hecho con un ojo en la legalización, después de los hechos, de los crímenes cometidos en contra de Irak por el imperialismo norteamericano.

Bajo los lineamientos del manual, la matanza masiva de civiles se legaliza con eficacia, siempre y cuando los directivos militares estadounidenses consideren que los ataques en contra de objetivos civiles pesan ‘en relación con la ventaja militar concreta y directa que se espera obtener’.

Los comandantes están autorizados a realizar operaciones que saben darán lugar a un gran número de muertes de civiles, siempre y cuando su evaluación subjetiva considere que este tipo de operaciones contribuyen a ‘los imperativos más amplios de ganar la guerra’. Esto se aplica incluso cuando la ‘ventaja militar’ que se puede obtener de un ataque propuesto no podría entenderla un ‘observador externo’, es decir, sobre la base de criterios objetivos o universales aceptados.

‘La ventaja militar que se espera obtener de un ataque podría no ser evidente para el enemigo o para los observadores externos, ya que, por ejemplo, la ventaja militar esperada podría depender de la estrategia o la evaluación de la información clasificada del comando’.

‘El pesaje o la comparación entre el daño incidental esperado y la ventaja militar esperada no necesariamente se presta a análisis empíricos’, añade el documento.

‘En casos menos claros, la cuestión de si el daño incidental esperado es excesivo puede ser una investigación legal altamente abierta, y la respuesta puede ser subjetiva e imprecisa’, declara el manual.

En la definición de lo que constituye un objetivo militar legítimo, emplea un enfoque que es tan amplio como para abarcar toda la estructura, la economía y la población civil de los estados enemigos.

El manual autoriza la destrucción de la infraestructura básica, incluyendo viviendas, instalaciones de generación de energía, instalaciones de agua, y las cadenas de suministro de alimentos de Estados enemigos. Cualquier objeto que contribuya a la capacidad de lucha en la nación enemiga, aunque de manera indirecta, es declarado por el manual un blanco legítimo.

‘El término ‘objetivo militar’ significa combatientes y los objetos durante las hostilidades que, por su naturaleza, ubicación, finalidad o utilización, contribuyan eficazmente a la lucha contra la capacidad para mantener la guerra de una fuerza de oposición’, dice el manual.

No es necesario que el objeto proporcione beneficios tácticos u operativos inmediatos o que el objeto haga una contribución efectiva a una operación militar específica. Más bien, la contribución del objeto eficaz a la lucha o la capacidad para mantener en guerra a una fuerza de oposición es suficiente.

La ventaja no tiene que ser inmediata. El derecho de la guerra no requiere que los ataques contra un objetivo militar se realicen cerca de los combates en curso, en un teatro de operaciones militares activas, o en un escenario de conflicto armado activo.

El manual autoriza efectivamente a los comandantes estadounidenses para llevar a cabo ataques con independencia de la cifra de muertos civiles que puedan resultar.

Una disposición muy preocupante en la nueva Ley del Manual de Guerra del Departamento de Defensa sugiere que los comandantes no están legalmente obligados a minimizar las bajas civiles al seleccionar entre los diferentes objetivos. Estados Unidos no está legalmente obligado a seleccionar objetivos a fin de reducir los daños colaterales a la población civil.

Grandes secciones del manual están dedicadas al asedio, hambre forzosa y ocupación de zonas urbanas densamente pobladas. Se autoriza la construcción de guetos y cordones de seguridad para restringir el movimiento de los civiles.

‘El hambre es un método legítimo de la guerra’, dice el manual del Departamento de Defensa. En particular, ‘es lícito tratar de matar de hambre a las fuerzas enemigas por la sumisión’.

Durante la guerra de asedio, los comandantes militares están autorizados, entre otras cosas, a destruir las líneas de suministro de alimentos y otros bienes esenciales en que se basa la población civil’.

‘Puede establecer programas generales de control de los alimentos que implican la destrucción de los cultivos y el suministro adecuado de alimentos para la población civil’, dice el manual en la sección titulada ‘El hambre de las fuerzas enemigas no está prohibido’.

Se aconseja permitir a los oficiales el paso de ‘ciertas categorías de población civil’, lo que implica que gran parte de la población civil puede dejarse por muerta dentro del área asediada. Los comandantes están autorizados para aislar totalmente las zonas urbanas, rechazando el movimiento, incluso de los bienes humanitarios más básicos en la zona de asedio.

‘Un comandante de una fuerza que sitia no está obligado a aceptar el paso del personal sanitario o religioso, suministros y equipos’, señala el manual.

Las implicaciones de esta doctrina ya se demostraron en 2004 en el asedio del ejército estadounidense de Faluya en Irak. Decenas de miles de iraquíes fueron impedidos de huir de la ciudad antes de un bombardeo devastador estadounidense que destruyó cerca del 60 por ciento de los edificios de la ciudad, que irradió toda la zona con subproductos de municiones tóxicas, y que redujo de forma permanente a la población por en un 50 por ciento.

El manual autoriza el uso de armas ilegales, otra práctica comúnmente entendida como una característica de la guerra total, incluyendo las bombas de racimo y las armas nucleares, contra una serie de ‘objetivos militares, incluidos los puertos de montaña, colinas, desfiladeros, cabezas de puente, pueblos o ciudades’ cuya incautación sea militarmente importante.

‘Bajo ciertas circunstancias, puede ser ventajoso utilizar municiones de racimo’, dice el documento. ‘Estados Unidos ha determinado que sus intereses de seguridad nacional no pueden ser plenamente garantizados en consonancia con los términos de la Convención sobre Municiones en Racimo’.

El documento autoriza abiertamente el uso de armas nucleares sobre la base de los cálculos de la ‘ventaja militar’.

‘Los ataques con armas nucleares no deben llevarse a cabo cuando el daño incidental esperado sobre la población civil sea excesivo en comparación con la ventaja militar esperada que se obtenga’, dice el documento.

Tales formulaciones equivalen a una luz verde para hacer cualquier cosa. De hecho, el plan de batalla Mar Aire del Departamento de Defensa prevé un primer golpe aplastante con un nivel de fuerza tan abrumador como para evitar cualquier posibilidad de represalias.

Dejando de lado los principios jurídicos democráticos que se han desarrollado durante siglos, el manual afirma que el poder absoluto del aparato militar y de seguridad de Estados Unidos para detener a civiles en cualquier parte del planeta.

‘La detención es fundamental para hacer la guerra o la realización de otras operaciones militares’. Con la aprobación de la Ley de Autorización de Defensa Nacional de 2012, sigue siendo significativo que el Departamento de Defensa ahora mantenga abiertamente amplios poderes propios para actuar como una rama independiente del gobierno, y ejercer una autoridad esencialmente ilimitada.

El manual sostiene que el Departamento de Defensa puede reinterpretar y negar los acuerdos internacionales que prohíben arrestos y detenciones extrajudiciales, y que defienden el derecho ilimitado del Estado nacional estadounidense para anular leyes internacionales bien establecidas.

Los abogados del Departamento de Defensa van tan lejos como para citar partes pertinentes del derecho internacional que contradicen directamente sus propias posiciones por ser incompatibles con la interpretación del gobierno de Estados Unidos.

‘Toda persona que sea privada de libertad en virtud de detención o prisión tendrá derecho a recurrir ante un tribunal, a fin de que éste decida a la brevedad posible sobre la legalidad de su prisión y ordene su libertad si la prisión fuera ilegal’, dice una pasaje del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP). El documento luego declara que el gobierno de Estados Unidos ha entendido que esas prohibiciones no aplican a sus propias políticas. En lo que se refiere a Departamento de Defensa y el Gobierno de Estados Unidos, el manual deja claro que el contenido de las leyes internacionales está determinado por la forma en que dichas leyes sean interpretadas por los abogados y burócratas militares estadounidenses.

‘Por ejemplo, el derecho a impugnar la legalidad de la detención ante un tribunal previsto en el artículo 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) parecería entrar en conflicto con la autoridad bajo la ley de la guerra para detener a ciertas personas sin proceso judicial proceso o acusación de carácter penal’, dice el manual.

Sin embargo, Estados Unidos ha entendido que el artículo 9 del PIDCP no afectar a las autoridades de un Estado en el marco del derecho de la guerra, incluyendo la autoridad de un Estado, tanto en conflictos armados internacionales y no internacionales para detener a combatientes enemigos hasta el final de las hostilidades.

(Fuente: http://noficcin.blogspot.com.es/)

Visto en: http://astillasderealidad.blogspot.com.es/2017/04/las-reglas-del-juego-7-parte.html

LAS REGLAS DEL JUEGO (8ª parte)

El Manual de Guerra del Departamento de Defensa esboza autorizaciones del Departamento de Defensa para crear instrumentos jurídicos específicos con el fin de superar los obstáculos jurídicos restantes a sus poderes de detención, lo que permite la creación “ad hoc” de marcos e instrumentos legales y tribunales especiales’.

Según el manual, se puede segregar a los detenidos en campos de prisioneros en base a criterios raciales y étnicos. ‘Los detenidos pueden ser segregados en campamentos o prisiones teniendo en cuenta su nacionalidad, el idioma y las costumbres, y se pueden utilizar otros criterios para segregar a los detenidos para administración, seguridad, inteligencia, médica, o de hacer cumplir la ley’.

Las autoridades militares están facultadas para llevar a cabo el reasentamiento masivo de poblaciones bajo lo que define como ‘desplazamiento de la población civil por razones militares imperiosas’.

‘La Potencia ocupante podrá efectuar la evacuación total o parcial de una zona determinada, si es necesario para la seguridad de la población o por razones militares imperiosas’.

‘El desplazamiento de la población civil no podrá ser ordenada por razones relacionadas con el conflicto a menos que la seguridad de las personas civiles o razones militares imperativas así lo exijan’.

El manual describe los procedimientos para la ocupación militar y la imposición de la ley marcial en los territorios subyugados, con protocolos que se formulan en términos muy generales, dejando en claro que el mundo entero, incluyendo la ‘Patria’, son vistos como Territorio Ocupado real o potencial.

Habitantes de territorio bajo el régimen militar de Estados Unidos deben presentarse sin condiciones a los dictados de la ‘Potencia ocupante rindiendo estricta obediencia a las órdenes del ocupante’, indica el manual en la sección ‘Suspensión y Sustitución de Autoridad Gubernamental’.

Los comandantes estadounidenses pueden ‘ejercer autoridad sobre todos los medios de transporte público y privado, ya sea por tierra, agua o aire, dentro del territorio ocupado, y pueden aprovecharlos y regular su funcionamiento’.

Para que no haya ninguna ilusión de que los protocolos para la ocupación militar y la suspensión del gobierno constitucional no se aplican dentro de las fronteras de Estados Unidos, el manual anuncia que la ley promulgada por el Departamento de Defensa de las políticas de guerra se está integrando en la legislación interna.

En el apartado de ‘Conflictos Armados No-Internacionales’, el manual desarrolla otro vacío conceptual que permite a sus fuerzas violar los Convenios de Ginebra y otras leyes internacionales cuando participan en operaciones contra personas u organizaciones que no son formalmente parte de un Estado reconocido internacionalmente.

Mientras que el manual asigna cierta relevancia limitada a las leyes internacionales en relación con los conflictos militares en contra de los Estados nacionales rivales, se dice que los conflictos armados no internacionales que se realicen bajo las autoridades esencialmente ilimitadas asignadas por el manual al gobierno de Estados Unidos como estado nacional más poderoso del mundo.

Los actores no estatales no pueden reclamar el estatuto jurídico de los gobiernos nacionales y están considerados legalmente inermes, es decir, totalmente a merced del gobierno de Estados Unidos y no tienen derecho a las protecciones mínimas otorgadas a los prisioneros de guerra como enemigos capturados.

La igualdad soberana de los Estados, no es aplicable en los conflictos armados entre un Estado y un grupo armado no estatal. Los límites impuestos por el derecho internacional sobre la acción de un Estado contra los grupos armados no estatales no alteran el principio básico de que el Estado puede ejercer sus derechos de soberanía contra el grupo armado no estatal. Aunque, en caso de conflicto armado internacional, los combatientes legales gozan de ciertas inmunidades de jurisdicción del Estado enemigo, las personas pertenecientes a los grupos armados no estatales carecen de cualquier privilegio legal o inmunidad de enjuiciamiento por un Estado que se dedica a las hostilidades contra ese grupo.

Tal lenguaje sirve para poner a los oficiales estadounidenses sobre aviso de que, al confrontar los movimientos insurreccionales por la clase obrera nacional e internacional, se les permite dejar de lado todas las restricciones convencionalmente asociadas con el derecho de la guerra, que ha evolucionado a lo largo de siglos.

Las recientes elecciones pusieron de nuevo los crímenes de guerra en la agenda de Estados Unidos. En realidad, los funcionarios estadounidenses se han salido con la suya, y en el caso de la guerra con drones continúan saliéndose con la suya. Aun así, no hay nada como la combinación de la carrera por la presidencia de un populista republicano y la histeria nacional producida por el terrorismo para hacer que los estadounidenses quieran más de esas ‘técnicas mejoradas de interrogación’, el eufemismo para la tortura. Esto es lo que normalmente sucede si los crímenes de guerra no se llevan a los tribunales.

Cuando en agosto de 2014 el presidente Barack Obama admitió que ‘hemos torturado a alguna gente’, agregó una advertencia. ‘Es necesario que se entienda y acepte la historia reciente de la tortura en Estados Unidos. Como país, tenemos que hacernos responsables de ello para tener la esperanza de que en el futuro no volveremos a hacerlo’. Centrando la responsabilidad de la tortura en todos los estadounidenses ‘como país’, Barack Obama evitaba que los torturadores tuvieran que responder por sus actos.

El país miró hacia otro lado cuando debió pedir cuentas a quienes la habían puesto en marcha y realizaban operaciones de tortura a gran escala en las sedes clandestinas distribuidas por todo el mundo. Nunca se presentó cargos contra quienes ordenaron torturar en Guantánamo. No se enjuició a nadie, mucho menos a altos funcionarios de la administración Bush-Cheney.

En ese espectáculo tan estadounidense que llaman elecciones, los candidatos republicanos se lanzan unos contra otros en un frenético esfuerzo por ser vistos como el aspirante con más posibilidades a la hora de ignorar lo ocurrido y en lugar de ello prometen volver a hacerlo en el futuro. Como resultado de la puja, están prometiendo cometer todo tipo de crímenes, desde la tortura hasta el asesinato de civiles, unas promesas por las cuales el líder de cualquier otra nación sería llevado a un tribunal internacional acusado de ser un criminal de guerra. Pero lo de ‘criminal de guerra’ es un cargo reservado exclusivamente para la gente que detestan, no para los estadounidenses. Parafraseando al ex presidente Richar Nixon: si lo hace Estados Unidos, no es un crimen.

Las promesas abiertamente expresadas de cometer futuros crímenes no han hecho más que hacer crecer la franqueza. Algunos ejemplos extraídos de la campaña presidencial son suficientes para ilustrar lo dicho: Ted Cruz garantiza que ‘destruiremos totalmente el ISIS, lo someteremos a bombardeos de saturación hasta que no quede nada’. Es decir, se bombardeará una zona de modo que cualquier cosa o ser viviente sea totalmente destruido. De esa campaña de bombardeo contra el ISIS habló Cruz a una multitud entusiasmada en la Rising Tide Summit: ‘No sé si la arena puede resplandecer en la oscuridad, pero encontraremos la manera de hacerlo’, en una referencia al uso de armas nucleares.

‘Bombardeo de saturación’ (carpet bombing, en inglés) es una metáfora que describe una auténtica pesadilla producida por el poder aéreo, tal como muchos vietnamitas, laosianos y camboyanos vivieron, e implica la saturación de toda una zona con la cantidad suficiente de bombas como para que no quede nada en pie sin tener en cuenta la vida de quienes puedan estar allí. Es ilegal en el contexto de las leyes de la guerra porque no distingue entre civiles y combatientes. El neurocirujano pediátrico Ben Carson piensa de la misma manera. Cuando en el último debate de los candidatos republicanos, Hugh Hewitt, comoderador de la CNN, insistió sobre si acaso él era lo suficientemente ‘duro para dar el visto bueno a la muerte de miles de niños y civiles’, Carson respondió ‘entendió bien, entendió bien’. Incluso expuso una futura campaña contra el ISIS en la que podrían morir miles de niños comparándolo a un procedimiento quirúrgico necesario para extraer un tumor del cerebro.

El enfoque trajo a colación lo que en los círculos republicanos pasa por un matiz en la discusión de la futura política de los crímenes de guerra. Lo que Washington necesita es una estrategia contraria a lo que caracteriza a la administración Obama-Biden que es de una excesiva preocupación por las sutilezas de la ley internacional por las devastadoras consecuencias humanitarias.

Donald Trump declaró sin tapujos que él volvería a utilizar la tortura. ‘¿Si aprobaría el submarino’ o ahogamiento, se preguntó ante una multitud entregada en un mitin en Columbus, Ohio, el pasado noviembre. ‘Podéis apostar el culo que lo haría. En cuanto sea presidente’. Tratándose de Donald Trump, esto no sería más que el comienzo. Aseguró a sus seguidores, sin precisar pero enfáticamente, que él ‘aprobaría más que eso’, dejando librado a su imaginación si acaso pensaba en otros atroces procedimientos. Mientras, cada vez que surge la cuestión de la tortura, él insiste: ‘No os engañéis. Funciona. Solo un estúpido diría que no funciona. Y si no funciona, de cualquier modo se lo merecen’.

Pocos días después, un triunfalista Donald Trump avanzó aún más lejos en el territorio de la guerra criminal. Se declaró preparado para golpear de verdad al Estado Islámico donde más le duele. ‘Otra cosa que pasa con los terroristas es que hay que eliminar a sus familiares; cuando coges a un terrorista, hay que eliminar a su familia. Ellos se preocupan por la vida de su familia, no nos engañemos. Cuando dicen que no se preocupan por sus familiares, tú debes matarlos’.

Nada que no se sepa y acepte en Estados Unidos, pero el denominador común de las amenazas presentes en todas esas propuestas de respuesta al ISIS no es solo la típica línea dura del Partido Republicano. Cada una de ellas representa una grave violación de las leyes estadounidenses, de la ley internacional en caso de guerra, y de las convenciones que Estados Unidos ha firmado y ratificado tanto durante gobiernos republicanos como demócratas. La mayor parte de los planes debatidos en la campaña electoral, tanto republicanos como demócratas, para derrotar al ISIS se han enfocado solo en las cuestiones instrumentales: ¿Qué es lo que funcionará: el bombardeo de saturación, la tortura o hacer que resplandezca la arena en la oscuridad por un ataque nuclear?

Candidatos y periodistas por igual han ignorado lo más importante: si, dada la situación, no están acaso viviendo en un país que se ha concedido a sí mismo un permiso criminal respecto de la cuestión de los crímenes de guerra. El bombardeo de saturación en ciudades, la tortura de prisioneros y la tierra arrasada están contra la ley. Se trata de crímenes graves. El hecho de que ni siquiera los críticos de estos procedimientos sean incapaces de percibir estas acciones como crímenes de guerra sin duda puede atribuirse, al menos en parte a que nadie, excepto algún personal militar de poca importancia o denunciante de la CIA que haya hablado públicamente sobre la agenda de torturas de la Agencia, ha sido procesado en Estados Unidos por la sorprendente serie de delitos cometidos en la llamada ‘guerra contra el terror’.

El presidente Barack Obama dispuso que cuando se trata del posible procesamiento de funcionarios de la CIA por la política estadounidense de torturas, ‘necesitamos mirar hacia delante y no tanto hacia atrás, y que las personas extraordinariamente talentosas que están trabajando muy arduamente para mantener la seguridad de los estadounidenses no sientan de pronto que deben pasar todo el tiempo mirando por encima del hombro y buscarse un abogado… es importante que no seamos mojigatos respecto del duro trabajo que esos muchachos han hecho en el pasado’, dijo refiriéndose a los equipos de torturadores de la CIA.

Al final, el ministro de Justicia Eric Holder, rechazó presentar cargos contra cualquier funcionario de la CIA y cerró los dos únicos procesos abiertos por el departamento de Justicia. Tampoco necesitaron desperdiciar ni un centavo en abogados ninguno de los altos funcionarios responsables del programa de ‘interrogatorios mejorados’, entre ellos el presidente George W. Bush, el vicepresidente Dick Cheney, el secretario de Defensa Donald Rumsfeld y el director de la CIA George Tenet; cada uno de ellos está ahora publicando su autobiografía. O, en el caso de Jay Bybee y John Yoo, autores de los más infames ‘memorándums sobre tortura’ del Departamento de Justicia, están prestando servicio como juez federal u ocupando un bien remunerado puesto en la facultad de Derecho de Universidad de California, Berkeley, respectivamente.

Human Rights Watch (HRW) publicó el 1 de diciembre de 2015 un informe de 153 páginas titulado ‘No más excusas’. En él, la organización hace una detallada relación de los delitos específicos del programa de tortura de la CIA por los cuales una docena de funcionarios de la administración Bush-Cheney deberían haber sido llevados a juicio y procesados.

HRW señalaba que de hecho, esos enjuiciamientos no eran una cuestión discrecional. Debían responder ante la ley internacional, aunque los supuestos criminales hayan gobernado a la última superpotencia del planeta. Por ejemplo, la Convención Contra la Tortura de Naciones Unidas, un tratado clave firmado por Estados Unidos en 1988, durante la presidencia de Ronald Reagan, y ratificado finalmente en 1994, durante la presidencia de Bill Clinton, conmina especialmente a Estados Unidos a tomar ‘medidas legislativas, administrativas, judiciales u otras igualmente efectivas para prevenir el ejercicio de la tortura en cualquier territorio bajo su jurisdicción’.

No importa si se está librando una guerra o si hay descontento interno. La Convención es explícita: ‘No podrá invocarse ninguna circunstancia excepcional para justificar el empleo de la tortura, sea un estado de guerra, una amenaza bélica, una inestabilidad política interna o cualquier otra emergencia pública’. Siempre que se utilice la tortura habrá una violación de ese tratado, y eso la convierte en un crimen. Cuando es ejercida contra prisioneros de guerra, también se violan las Convenciones de Ginebra de 1949, por lo tanto se comete un crimen de guerra. No hay excepciones.

Sin embargo, cuando Barack Obama reconoció que ‘torturábamos a algunas personas’, reclamaba una excepción para la tortura estadounidense como una circunstancia atenuante y recordó el miedo generalizado en los días posteriores a los ataques del 11 de septiembre de 2001.

El agravante de que la población esté asustada por los posibles terroristas no cambia las cosas. Después de todo, es debido en parte a que la gente hace cosas terribles cuando está asustada que se aprueban leyes totalitarias. Es por eso que la Convención Contra la Tortura dice: ‘No podrá invocarse ninguna circunstancia excepcional’ para excusar semejantes actos.

Cuando Estados Unidos ratifica un tratado pasa a integrar el cuerpo legal estadounidense, según dispone el Artículo VI de su Constitución que declara en sí misma que ‘… todos los tratados celebrados o que se celebren bajo la autoridad de Estados Unidos, serán la suprema ley del país; los jueces de cada Estado estarán obligados a observarlos, a pesar de cualquier cosa en contrario que se exprese en la propia Constitución o las leyes de cualquier Estado’.

Por lo tanto, aunque de verdad funcione la tortura, continuará siendo ilegal. En el meollo de las Convenciones de La Haya, como también en las leyes y costumbres de la guerra, está presente la crucial distinción entre combatientes y civiles. La destrucción total de una zona poblada con el fin de eliminar a un puñado de militares viola el antiguo e internacionalmente reconocido principio de proporcionalidad.

En otra vergonzosa excepción, Estados Unidos nunca ha ratificado el párrafo agregado en 1977 a las Convenciones de Ginebra que pone específicamente fuera de la ley el bombardeo de saturación. El Protocolo Adicional 1 se refiere concretamente a la protección de los civiles durante las acciones bélicas. Excepto los aliados de Estados Unidos como Turquía e Israel, 174 países han ratificado el Protocolo 1, que convierte explícitamente el bombardeo de saturación en un crimen de guerra.

Si Estados Unidos no ha ratificado el Protocolo 1, ¿significa eso que tiene la libertad de violar sus disposiciones? No necesariamente. Cuando la gran mayoría de los países asumen un acuerdo lo convierten en una ‘ley internacional de usos’, es decir, un conjunto de principios que tienen fuerza de ley, aunque no estén escritos ni ratificados. La Comisión Internacional de la Cruz Roja lleva una lista de esas reglas de uso. Una parte de ellas establece explícitamente que los ‘ataques indiscriminados’, son ciertamente ilegales en el contexto del derecho consuetudinario, que sigue siendo la Ley de la Tierra.

El que parezca no tener fuerza de ley en Estados Unidos la descripción de un posible futuro de crímenes de guerra que pueda enardecer a multitudes frenéticas en esta temporada política representa un notable fracaso, particularmente de la disposición de la administración Obama-Biden de llamar como tal al crimen y actuar en consecuencia. En el ámbito mundial, es más un fracaso del poder que de la ley. Obviamente, procesar por crímenes de guerra a un a un líder o a un autócrata extranjero es muy diferente que llevar a los tribunales a altos funcionarios de la única superpotencia del planeta. Esto se ha hecho mucho más difícil porque durante el gobierno de George W. Bush, Estados Unidos informó al mundo que nunca ratificaría los acuerdos para crear el Tribunal Penal Internacional.

Como es lógico suponer, el informe de HRW desapareció de la vista del público. El texto incluye recomendaciones clave: que se designe un fiscal especial para investigar y llevar a juicio a los responsables de las prácticas de tortura en la CIA y que las víctimas de las torturas estadounidenses tengan garantías de resarcimiento judicial en tribunales de Estados Unidos, algo que fue rechazado ferozmente, pese a que se trata de una exigencia clave de la Convención Contra la Tortura de Naciones Unidas.

Finalmente, el año terminó y la maquinaria del miedo empezó a funcionar otra vez. Los estadounidenses recibieron el recordatorio de que ningún precio es demasiado alto cuando se trata de pagar por su seguridad, claro, en la medida que sean otros quienes paguen. Para la presidencia de Trump se espera más de lo mismo: Estados Unidos convertido en una terrible y aterradora excepción en el cumplimiento de la ley internacional.

(Fuente: http://noficcin.blogspot.com.es/)

Visto en: http://astillasderealidad.blogspot.com.es/2017/04/las-reglas-del-juego-8-parte.html
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