LAS REGLAS DEL JUEGO (5ª y 6ª parte)

LAS REGLAS DEL JUEGO (5ª parte)

El “Manual de Guerra del Departamento Defensa de Estados Unidos”, en realidad una Ley del Pentágono para la guerra, sostiene que el derecho de guerra es independiente y reemplaza a todas las otras ramas del derecho, incluidos los tratados internacionales de derechos humanos y la Declaración de Derechos de la Constitución de Estados Unidos, nada menos que una fórmula para la ley marcial, la dictadura militar y la suspensión de la Constitución.

Citando un tratado jurídico titulado ‘Derecho Militar y de los precedentes’, el manual indica que el derecho de la guerra puede prevalecer sobre la Constitución ‘en el teatro real de las operaciones militares’, y como está señalado por un juez ‘las leyes ordinarias de la Tierra se sustituyeron por las leyes de la guerra’. La jurisdicción de todo magistrado civil se suspende, y ‘la autoridad militar y la fuerza sustituyen efectivamente su autoridad original, en los poderes de guerra del Congreso y del Ejecutivo, y por lo tanto en su fuente constitucional, el derecho de la guerra puede en su ejercicio reemplazar sustancialmente de manera temporal incluso la propia Constitución’.

Con el mundo entero declarado campo de batalla en la ‘guerra contra el terror’, esta es una fórmula del Pentágono para imponer la dictadura militar en todo el planeta.

Cuando el Pentágono se refiere al ‘derecho de la guerra’, no se está refiriendo a los precedentes históricos o tratados internacionales. La frase ‘ley de guerra’, en el contexto del manual, es un eufemismo de ‘ley de acuerdo con al Pentágono’.

Bajo tal marco pseudo-legal, el ‘derecho de la guerra’ es una fuente independiente de la autoridad judicial que anula todos los derechos democráticos y arbitra las sanciones por la regla de los militares.

‘Aunque el derecho de la guerra es generalmente visto como ley prohibitiva, en algunos aspectos, sobre todo en el contexto de la legislación nacional, el derecho de la guerra puede ser visto como permisivo o incluso como una fuente de autoridad’.

El ideólogo nazi Carl Schmitt

Esta doctrina es casi una copia de los escritos del jurista nazi Carl Schmitt (1888-1985). En ‘Estado de excepción’ bajo condiciones de una emergencia nacional, al ejecutivo se le permite anular las protecciones democráticas y no tener en cuenta el estado de derecho. Bajo esta doctrina, los derechos democráticos no son derogados formalmente, pero se suspenden indefinidamente.

La doctrina de ‘Estado de excepción’ de Schmitt fue utilizada en 1933 como una justificación legal de la ‘Ley para aliviar la angustia de las personas y el Reich’, también conocida como la ‘Ley Habilitante’, que codificó la dictadura de Adolf Hitler.

El manual del Pentágono invoca la teoría de Schmitt en todo menos en el nombre. Habiendo afirmado que el derecho de la guerra es una disciplina ‘especial’ de la ley, en lugar de una disciplina ‘general’, el manual indica que ‘la norma especial prevalece sobre la ley general’. Para el efecto, una máxima legal agregada se cita como ‘lex specialis derogat legi generali’.

Así, según el Pentágono, el derecho de la guerra es la excepción a la general ley de tiempos de paz, nada menos que una doctrina legal nazi incorporada por el Pentágono en un documento político crucial, por el cual cada vez que la política de conflictos del Pentágono entre en disputa con los tratados de derechos humanos, éstos deben ser ignorados.

El manual continúa: ‘Detrás de este enfoque está el hecho que el derecho de la guerra está firmemente establecido en el derecho internacional consuetudinario como un cuerpo bien desarrollado de ley que está separado de los principios de la ley de aplicación general en tiempos de paz’. La implicación es que en tiempos de guerra, el inmenso establecimiento militar de Estados Unidos es una rama de separada e independiente del gobierno, sujeto a sus propias normas y sin rendir cuentas a nadie.

A pesar de las referencias a los poderes de guerra del Congreso y el ejecutivo bajo la Constitución de Estados Unidos, las concepciones del Pentágono son lo contrario del marco previsto por los redactores de la Constitución. La Declaración de la Independencia, en su lista de quejas en contra de la monarquía británica, acusa que el rey ‘afecta para hacer independiente y superior lo militar al poder civil’, y describe al presidente como el comandante en jefe de la marina y el ejército como una forma de expresar la subordinación de los militares al poder civil. Esta frase no estaba destinada a elevar los militares, con el presidente como su cabeza, en una especie de autoridad suprema sobre el resto del Estado y de la población.

Según el Pentágono, los tratados de derechos humanos, son principalmente aplicables a la relación entre un Estado y los individuos en tiempos de paz. Por lo tanto, en tiempos de ‘guerra contra el terror’ de alcance y duración indefinidos, los derechos humanos y otras garantías de las libertades civiles no se aplican, con argumentos presentados por el manual para justificar la suspensión de la Declaración de Derechos de todo tipo como una ley de ‘tiempos de paz’, que se sustituye mientras dure la ‘guerra contra el terror’.

Pero ¿por qué detenerse ahí? Las elecciones también forman parte de un sistema de leyes de aplicación general en ‘tiempos de paz’. ¿Qué pasa con otras libertades civiles? ¿Y el derecho a la libertad de expresión o el derecho a formar partidos políticos? ¿Qué pasa con el derecho a un juicio con jurado? ¿Y el derecho a la privacidad, y la prohibición de castigo cruel e inusual? ¿Qué pasa con las leyes contra la discriminación racial o el derecho a un salario mínimo?

Llevado a su conclusión lógica, la Ley del Manual de Guerra justifica la imposición de una dictadura militar, la suspensión de todos los derechos democráticos contra toda clase de disidentes como derecho y obligación de segregarlos de la comunidad normal durante la duración del conflicto, dejando al descubierto planes que se han discutido ampliamente, desarrollados y aprobados en los más altos niveles del Estado.

En tiempos de guerra, la ley se silencia. Según el Pentágono, las masacres de civiles son permisibles si ayudan a lograr ‘objetivos operativos’.

De conformidad con este enfoque, un derecho democrático básico o principio jurídico se afirma en términos abstractos, y entonces será ‘equilibrado’ contra el principio autoritario, con el resultado que el principio básico será privado de sentido.

En otras palabras, después de aplicar la fórmula de ‘equilibrio’, resulta que es aceptable matar a civiles, si en conjunto se espera que una ´ventaja militar’ sea mayor que el daño a los civiles. Esto hace efectiva la norma que prohíbe matar sin sentido a civiles. En la práctica, la fórmula de ‘equilibrio’ se traduce en el poder sin trabas de los líderes militares para ordenar asesinatos en masa y destrucción.

‘Por ejemplo’, dice el documento, ‘si un comandante determina que tomar precaución podría resultar en riesgo operativo (es decir, el riesgo de no poder cumplir la misión) o un mayor riesgo de daño a sus propias fuerzas, entonces la precaución no sería factible y no se requiere’.

Esto es un cheque en blanco para los asesinatos en masa de civiles si un líder militar decide que no hacerlo sería un ‘riesgo operativo’. Si el exterminio de la población de una ciudad hostil reduciría el ‘riesgo de daño’ a las fuerzas estadounidenses, entonces el Manual Pentágono lo permite.

El manual también codifica el término tendencioso de ‘escudos humanos’, en que las muertes de civiles se atribuyen a los objetivos de bombardeos indiscriminados. ‘Una incursión que está sujeta a un ataque podría no tomar las precauciones posibles para reducir el riesgo de daño a los civiles, por la separación de la población civil de los objetivos militares, la capacidad de discriminar y reducir el riesgo de daño a la población civil probable será disminuida por tal conducta enemiga’.

Esto no es más que una justificación con otro nombre para el castigo colectivo. Si el Pentágono identifica un ‘objetivo militar’ en un área densamente poblada, a continuación, los militares supuestamente tienen el derecho legal a anular con explosivos el sitio por extenso que sea y culpar a la población civil por ser ‘escudos humanos’. El castigo colectivo es, según el derecho internacional, un crimen de guerra. Está diseñado para aterrorizar a una población y desalentar la resistencia.

El manual autoriza expresamente los asesinatos selectivos. ‘Las operaciones militares pueden dirigirse contra combatientes enemigos específicos, y las fuerzas estadounidenses a menudo han llevado a cabo este tipo de operaciones’.

El manual censura y focaliza a los periodistas como ‘beligerantes no privilegiados’, e incluso los trata como espías potenciales. ‘La presentación de informes sobre las operaciones militares puede ser muy similar a la recogida de inteligencia o incluso el espionaje’.

El Manual de Guerra del Pentágono pide por tanto ‘capturar y castigar’ a los periodistas, prohibirles trabajar de forma anónima, y requiere que los periodistas obtengan ‘permiso y documentos de identidad’ de los militares de Estados Unidos para llevar a cabo su trabajo’.

José Couso, víctima del permiso autoconcedido por las autori-
des militares de E.E.U.U . para escarmentar a los periodistas
que van por libre.

Dice: ‘Un periodista que actúa como espía puede ser objeto de medidas de seguridad y castigado si es capturado. Para evitar ser confundidos con espías, los periodistas deben actuar de manera abierta y con el permiso de las autoridades pertinentes. La presentación de los documentos de identificación, como la tarjeta de identificación emitida a los corresponsales de guerra autorizados u otra identificación adecuada, pueden ayudar a los periodistas a evitar ser confundidos con espías’.

Los periodistas pueden ser sometidos a censura militar. Declara que ‘puede necesitar censura el trabajo de los periodistas o tomar otras medidas de seguridad para que los periodistas no revelen información sensible al enemigo. En el marco del derecho de la guerra, no existe un derecho especial para los periodistas de entrar en el territorio de un Estado sin su consentimiento o para acceder a las zonas de operaciones militares sin el consentimiento del Estado que realiza esas operaciones’.

En este marco legal propio de un estado policial autoritario, por ejemplo, se justificaría la creación de un campo de internamiento militar para encarcelar a cada periodista que publique material sensible. No hay nada en el manual que prohibiría el Pentágono lanzar ataques aéreos contra periodistas específicos que considere estar actuando como ‘espías’, y argumenta que quienes critican la ‘guerra contra el terror están ayudando al enemigo’, y de tal manera deben ser tratados como ‘combatientes ilegales’ en el marco del derecho de la guerra, porque están trabajando al ‘servicio de los islamistas que buscan destruir la civilización occidental y volver a crear los califatos’, siendo culpables de ‘escepticismo del poder ejecutivo, socialización profesional, pacifismo pernicioso y cosmopolitismo’, y pueden ser considerados ‘objetivos legítimos’ del ataque militar en el marco del derecho de la guerra.

El manual del Pentágono codifica esta posición y autoriza a los militares para llevar a cabo medidas represivas contra los periodistas que cubren conflictos.

El rostro del soldado que disparó contra José Couso, un cri-
men impune justificado por la ralea de tertulianos pagados
con petrodólares ensangrentados del tito Sam

Es significativo que las palabras ‘libertad de expresión’ y ‘libertad de prensa’ no aparezcan en el manual del Pentágono.

En una sección que establece la autoridad del Pentágono como ‘Potencia ocupante’, el manual indica que ‘a los efectos de la seguridad, una Potencia ocupante podrá establecer la regulación de cualquiera o de todas las formas de medios de comunicación (por ejemplo, prensa, radio, televisión) y entretenimiento (por ejemplo, teatro, cine), del correo y de otros medios de comunicación. Por ejemplo, una Potencia ocupante podrá prohibir totalmente la publicación de periódicos que representan una amenaza a la seguridad, o puede prescribir normas para la publicación o difusión de los periódicos de otros medios de comunicación con el propósito de cumplir con sus obligaciones de restablecer el orden público’.

Una nota al pie incluye la advertencia que ‘esta sub-sección se centra únicamente en lo que está permitido por la ley de la guerra y no se ocupa de las posibles consecuencias de la censura bajo la Primera Enmienda de la Constitución’. Presumiblemente, los autores sostienen que se aplica la Primera Enmienda sólo en ‘tiempos de paz’, y que está superada por la ‘ley especial’ del Pentágono en toda la duración de la ‘guerra contra el terror’.

El Manual de Guerra del Pentágono autoriza pues el asesinato de civiles durante los conflictos armados y establece un marco para las detenciones militares masivas. Discute libremente el uso de armas nucleares, y no prohíbe el napalm, las municiones de uranio empobrecido, bombas de racimo y otras armas indiscriminadas.

El manual es una expresión de la incompatibilidad del militarismo imperialista y la democracia. En los 27 años transcurridos desde la liquidación de la Unión Soviética, y en especial durante los 16 años transcurridos desde el lanzamiento de la llamada ‘guerra contra el terror’, Estados Unidos ha estado perpetuamente en guerra, tratando de compensar su decadencia económica por las amenazas y la violencia militar en todo el mundo, difícilmente se puede esperar que permanezca fiel a la ley y los principios democráticos de la nación.

(Fuente: http://noficcin.blogspot.com.es/)

visto en: http://astillasderealidad.blogspot.com.es/2017/03/las-reglas-del-juego-5-parte.html

LAS REGLAS DEL JUEGO (6ª parte)

La ‘guerra contra el terror’ ha ido acompañada de una derogación constante de los derechos democráticos dentro de Estados Unidos, incluyendo la Patriot Act, el espionaje sin restricciones a la población por la Nacional Agencia de Seguridad y otros organismos de inteligencia, la militarización de la policía, y el establecimiento de precedentes para la detención y asesinato de ciudadanos estadounidenses sin cargos ni juicio.

En este contexto, el Manual de Guerra del Pentágono es un hito importante en la campaña para establecer el marco de un estado policial global.

El actual complejo militar-corporativo y de inteligencia en Estados Unidos ha hecho metástasis más allá de lo que nadie podría haber imaginado. Hinchado con dinero ilimitado, chorreando sangre de las guerras de agresión, anuncia audazmente su independencia, su hostilidad a la democracia y el Estado de Derecho, así como la disposición para llevar a cabo crímenes de guerra y otras atrocidades en el país y en el extranjero.

El Manual de Guerra del Pentágono refleja tendencias imperialistas. Sus autores afirman que ‘contó con la participación de oficiales de la Real Fuerza Aérea del Reino Unido y la Real Fuerza Aérea Australiana en las tareas de intercambio con la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Además, los abogados militares de Canadá, el Reino Unido, Nueva Zelanda y Australia revisaron y comentaron sobre un proyecto de 2009 como parte de una revisión del manual que incluyó también los comentarios de distinguidos académicos’.

El manual, que ‘refleja muchos años de trabajo y experiencia’, se aplica a todo el Departamento de Defensa, que incluyen Ejército, Armada, Fuerza Aérea, Infantería de Marina, agencias nacionales de inteligencia, y numerosos otros departamentos y agencias subordinadas, con un total de 2.13 millones de personal en servicio activo y 1.1 millones de reservistas.

Las notas que promulga el manual sobre el derecho de la guerra ha sido un objetivo de larga data de los abogados del Departamento de Defensa. El nuevo documento sustituye a varios documentos de política que se habían acumulado poco a poco dentro de las diferentes secciones de las fuerzas armadas y las agencias de inteligencia.

Es el resultado de un esfuerzo continuo a través de los gobiernos demócratas y republicanos durante un largo período. Fue publicado en los más altos niveles del Estado, después de haber sido preparado por una ‘ley de guerra del Grupo de Trabajo que está presidido por un representante del Consejero del Departamento de Defensa general e incluye representantes de Abogados y Jueces Generales del Ejército, la Armada y Fuerza Aérea; el Auditor personal del Comandante de la Infantería de Marina; las oficinas de los Consejos Generales de los departamentos militares; y el Asesor Jurídico del Presidente de los Jefes del Estado Mayor Conjunto’. No está claro en qué medida el manual ha sido revisado ni aprobado por ninguna autoridad civil.

Después del triunfo de los aliados sobre las potencias del Eje en la Segunda Guerra Mundial, los vencedoras convocaron tribunales internacionales para enjuiciar a los principales criminales de guerra de las potencias derrotadas. El juicio más famoso tuvo lugar entre 1945 y 1946 en Nuremberg, Alemania, y contó con la acusación de Hermann Göring, Wilhelm Keitel, Joachim von Ribbentrop y otros líderes nazis.

El Pentágono de 2017, si el precedente de Nuremberg se aplica imparcialmente hoy en día, sería pasivo para detener y procesar a todos los altos funcionarios de Estado, ya que los hace principales perpetradores de la agresión ilegal a través del mundo.

Hubo un componente innegable de la ‘justicia de los vencedores’ en el procedimiento judicial de Nuremberg. La misma semana de agosto de 1945 que Estados Unidos, la Unión Soviética, Gran Bretaña y Francia establecieron un acuerdo para crear el Tribunal Militar Internacional, los Estados Unidos cometió algunos de los crímenes más atroces de la guerra: los supuestos bombardeos atómicos de Hiroshima y Nagasaki.

No obstante, las posiciones democráticos legales defendidas en Nuremberg, están en agudo contraste con la actual clase política estadounidense corrupta y sin ley, que afirma el derecho de secuestrar o asesinar sin cargos ni juicio a cualquier persona en cualquier lugar de la Tierra, atacar a cualquier país ‘preventivamente’, y espiar a toda la población del planeta.

En su momento de los tribunales de Nuremberg, una opinión mayoritaria surgió entre los principales gobiernos aliados de rechazan los exigencias para ejecutar sumariamente a los líderes nazis sobre la base de una ‘decisión política’. En su lugar, a los acusados se les ofreció un juicio completo y justo, en el que estaba permitido llamar a testigos, presentar evidencia y argumentar en su propia defensa.

El principio más importante que surgió de los procesos de Nuremberg fue el concepto que la decisión de lanzar una guerra de agresión es el crimen fundamental del que fluyen todos los otros crímenes de guerra. Mientras que los fiscales de Nuremberg exponían algunos de los mayores crímenes de la historia humana, sostuvieron que el delito principal fue la decisión del régimen nazi de lanzar la guerra.

En otras palabras, el iniciar una guerra de agresión es un acto criminal, un delito contra la paz, no importa qué argumentos o políticas se invoquen para justificarla.

Del mismo modo, los fiscales de Nuremberg rechazaron el argumento de que quienes cometieron crímenes lo hacían justificadamente siguiendo o retransmitiendo órdenes superiores. El Principio IV de Nuremberg dice: ‘El hecho que una persona haya actuado en cumplimiento de la orden de su Gobierno o de un superior no le exime de responsabilidad, siempre tiene, de hecho, una opción moral posible para él’.

Estas eran poderosas concepciones democráticas que se mantuvieron por décadas. Los individuos tienen deberes internacionales que trascienden las obligaciones nacionales de obediencia. Por lo tanto, los ciudadanos tienen el deber de violar las leyes nacionales para prevenir que se produzcan crímenes contra la paz y la humanidad.

El precedente de Nuremberg expresó la confianza en Estados Unidos como la potencia imperialista dominante que emergía tras la Segunda Guerra Mundial. La clase gobernante consideró que podía permitirse, dadas las circunstancias, no sólo hacer valer los principios democráticos, sino que declaró que esos principios son universales, aplicables a todos los países, incluidos el propio Estados Unidos, listo a establecer una norma de conducta criminal contra otros que luego no estaría dispuesto a invocar contra sí mismo.

Setenta años más tarde, mientras el Pentágono rinde homenaje al precedente de Nuremberg, una lista parcial de los países sometidos a la violencia militar estadounidense desde la liquidación de la Unión Soviética incluyen Irak, Somalia, Haití, la ex Yugoslavia, Sudán, Afganistán, Pakistán, Libia, Siria, Nigeria y Yemen. Por ello, todos sus principales funcionarios justo deben estar donde los nazis y su empresa fuera puesta en juicio por cargos de crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y crímenes contra la paz.

Existe una amplia evidencia para tal acusación. Hay muchas pruebas de que hubo una conspiración para lanzar la invasión de Irak en 2003 sobre la base de mentiras y pretextos. Como resultado de esta agresión ilegal, millones de personas fueron masacradas y se han convertido en refugiados. Sociedades enteras han sido devastadas, lo que llevó a la aparición de movimientos como el ISIS, y de miles de millones de dólares de valor en propiedad destruida, perdida y saqueada.

Para proporcionar un “casus belli” de la guerra que ya habían decidido poner en marcha, igual que los nazis llevaron a cabo una provocación conocida como el incidente de Gleiwitz. Durante el proceso de Nuremberg, este incidente fue expuesto como un ataque organizado en una emisora de radio alemana por fuerzas alemanas que se hicieron pasar por polacos. Adolf Hitler se jactó de ello ante sus generales: ‘La credibilidad no importa. No se le pide al vencedor decir la verdad’.

A pesar de sus invocaciones repetidas del precedente de Nuremberg, la Ley del Manual de Guerra del Pentágono cuenta con un fuerte elemento de ‘haz lo que digo, no lo que hago’.

Por ejemplo, en el tema de la guerra de agresión, el documento de Nuremberg declara: ‘La agresión es la forma más grave y peligrosa del uso ilegal de la fuerza, iniciar una guerra de agresión es un crimen internacional grave’.

Sin embargo, este principio se aplica sólo a países distintos de Estados Unidos, que se ha negado a reconocer la autoridad de la Corte Penal Internacional (CPI), en virtud de la cual funcionarios de Estados Unidos podrían ser procesados por crímenes de agresión. Ha expresado la opinión de que la definición del acto de agresión en las enmiendas de Kampala en el Estatuto de Roma no refleja el derecho internacional consuetudinario, y también expresó su preocupación por la posibilidad de la CPI ejercer jurisdicción sobre el crimen de agresión sin una determinación previa del Consejo de Seguridad de que un Estado ha cometido un acto de agresión. Tal determinación del Consejo de Seguridad, por supuesto, estaría sujeta a un veto de Estados Unidos.

La negativa de Estados Unidos a reconocer la autoridad de la CPI tiene un profundo significado histórico, ya que desempeñó un papel principal en el establecimiento del precedente de Nuremberg, pero ahora se niega a someterse a su cumplimiento. Esto equivale a una admisión de que si Estados Unidos son objeto de una aplicación imparcial del precedente Núremberg hoy en día, prácticamente todos los funcionarios de Washington tendrían que estar en la cárcel, y expone como fraudulentas todas sus posturas como una especie de auto-nombrado ‘policía mundial’ con autoridad para sancionar y atacar otros estados que supuestamente violan el derecho internacional.

Del mismo modo, el Manual de Guerra del Pentágono declara que la tortura es ilegal: ‘Por ejemplo, sería ilegal, por supuesto, usar la tortura o el abuso para interrogar a los detenidos para fines de recopilación de información’. Pero el documento no explica cómo la CIA llegó a poner en práctica un programa internacional de tortura sistemática con la participación integral de los funcionarios de alto nivel en la Casa Blanca, sobre los que nunca nadie ha rendido cuentas.

El manual está lleno de advertencias, renuncias y palabras engañosas. Por ejemplo: ‘Este manual no pretende, y no crea ningún derecho o beneficio, sustantivo o procesal, ejecutable en derecho o en equidad contra Estados Unidos, sus departamentos, organismos u otras entidades, sus funcionarios o empleados, o cualquier otra persona’. En otras palabras, el derecho de la guerra no se aplica para sí, sólo para otros. Pasajes como este revelan que el ‘derecho de la guerra’ del manual no representa una ley como tal, sino las políticas determinadas unilateralmente por el Pentágono.

Ello refleja las contradicciones de la política exterior estadounidense. Por un lado, busca constantemente revestir sus proyectos imperialistas con el traje de la legalidad internacional, y por el otro, desata guerras abiertas y encubiertas cuando y donde quiere.

A pesar de todo el debate sobre el derecho internacional, la soberanía nacional y la integridad territorial, invade y bombardea en cualquier lugar que estima y le conveniente, sin tener en cuenta estas consideraciones. Cuando los Estados Unidos pueden obtener la aprobación legal internacional por su agresión, lo hace, pero por lo demás la agresión se lleva a cabo de todos modos.

El manual dice: ‘para tomar acciones en el marco del derecho de la guerra la autoridad podría ser vista como que emana de los derechos del Estado como una entidad soberana y no de cualquier instrumento en particular del derecho internacional’.

En otras palabras, Estados Unidos puede ignorar libremente tratados y convenciones y otros instrumentos del derecho internacional, como la Convención de Ginebra de 1949, que en 2002 Estados Unidos anunció que no iba a seguir, mientras sigue reclamando que se adhieran a su versión propia e impuesta a la fuerza del derecho internacional.

En los juicios de Nuremberg, se caracteriza el régimen nazi como esencialmente una empresa criminal monstruosa, una conspiración ilegal gigantesca que invoca la ley sólo en la manera más tendenciosa y cínica. Declaraba: ‘Sorprende que existe tal cosa como ley. Estos acusados no se basan en ninguna ley en absoluto. Su programa ignoró y desafió todas las leyes del Derecho Internacional, la ley natural, la ley alemana, que fueron para estos hombres simplemente un dispositivo de propaganda que se invocaba cuando les ayudó y que era ignorada para condenar lo que querían hacer’. Estas palabras se aplican con toda su fuerza al Pentágono y su manual de guerra.

El manual da explícitamente luz verde al Pentágono en cualquier momento futuro para repudiar los principios que supuestamente establece. Sus autores escriben que el documento no ‘excluye que el Departamento posteriormente pueda cambiar su interpretación de la ley’.

(Fuente: http://noficcin.blogspot.com.es/)

visto en: http://astillasderealidad.blogspot.com.es/2017/03/las-reglas-del-juego-6-parte.html
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